El reciente apagón del 28 de abril ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las distribuidoras eléctricas en España y la necesidad de una gestión de riesgos más robusta para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Este incidente, que afectó a miles de hogares y empresas, puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema eléctrico y las consecuencias económicas y sociales de las interrupciones en el suministro.
Un sistema eléctrico bajo presión
El reciente apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril ha dejado una factura que los consumidores ya están empezando a pagar. Las compañías eléctricas han anunciado incrementos en las tarifas debido al encarecimiento de los servicios técnicos necesarios para estabilizar la red tras el colapso. Este aumento, impulsado por los sobrecostes de los servicios de ajuste, está afectando tanto a hogares como a empresas, especialmente a aquellos bajo el mercado regulado.
¿Por qué suben las facturas?
En un contexto de creciente dependencia energética, los cortes de suministro no solo generan molestias, sino que provocan pérdidas económicas significativas. Según datos del sector, un apagón puede ocasionar desde interrupciones en procesos industriales hasta daños en productos perecederos, fallos en sistemas hospitalarios y pérdidas de datos en infraestructuras digitales. En casos extremos, como en zonas rurales o durante cortes prolongados, también pueden surgir riesgos sanitarios y daños psicológicos.
El marco legal español, regulado principalmente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que las distribuidoras tienen la obligación de garantizar la calidad y continuidad del suministro, salvo en circunstancias excepcionales como fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, sabotajes o ciberataques. Sin embargo, la normativa también contempla compensaciones para los consumidores y la posibilidad de reclamaciones judiciales en casos de negligencia o mantenimiento deficiente.
La responsabilidad de las distribuidoras
La jurisprudencia española ha sido clara en varios casos: las distribuidoras pueden ser consideradas responsables de los daños causados por apagones, incluso sin culpa directa, bajo el principio de responsabilidad objetiva en servicios públicos esenciales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha confirmado en varias sentencias que las empresas deben demostrar que un evento de fuerza mayor fue imprevisible e inevitable, y que contaban con planes de contingencia actualizados. En ausencia de estas pruebas, las distribuidoras han sido condenadas a indemnizar a empresas y particulares por pérdidas derivadas de interrupciones en el suministro.
Un caso reciente, reportado por El País, destacó cómo una empresa manufacturera en Cataluña sufrió pérdidas millonarias debido a un corte de suministro atribuido a fallos en el mantenimiento de la red. Este tipo de incidentes subraya la importancia de una gestión proactiva de riesgos.
Fuerza mayor: ¿Una excusa válida?
Para que una distribuidora sea eximida de responsabilidad, debe probar que el apagón fue causado por un evento de fuerza mayor, como una tormenta extrema o un ciberataque, y que se tomaron todas las medidas razonables para evitarlo. Esto incluye contar con planes de contingencia operativos, sistemas de monitorización en tiempo real y protocolos de comunicación transparentes con los consumidores. Sin embargo, expertos del sector señalan que muchas distribuidoras aún carecen de sistemas adecuados para enfrentar eventos climáticos cada vez más frecuentes debido al cambio climático..
Hacia una gestión de riesgos eficaz
Las distribuidoras eléctricas enfrentan el desafío de modernizar sus infraestructuras y adoptar tecnologías avanzadas para minimizar riesgos. Entre las medidas recomendadas por expertos se incluyen:
- Evaluación de vulnerabilidades: Identificar puntos débiles en la red frente a eventos climáticos extremos.
- Inversión en infraestructura: Renovar redes obsoletas y adoptar sistemas de automatización para detectar fallos en tiempo real.
- Ciberseguridad: Proteger la red contra sabotajes y ataques digitales.
- Seguros adaptados: Contar con coberturas de responsabilidad civil que respondan a los riesgos específicos del sector.
- Planes de contingencia: Implementar simulacros periódicos y acuerdos con terceros para garantizar el suministro alternativo en emergencias.
La Directiva (UE) 2019/944 refuerza estas exigencias al promover la digitalización de las redes y la integración de energías renovables, lo que plantea nuevos retos para la fiabilidad del sistema eléctrico.
Un llamado a la acción
El apagón del 28 de abril no solo afectó a miles de usuarios, sino que también expuso las carencias en la preparación de algunas distribuidoras. La inversión en tecnología, el mantenimiento preventivo y una gestión de riesgos integral son esenciales para proteger a los consumidores y reducir la exposición legal de las empresas. En un mundo cada vez más electrificado, garantizar un suministro estable no es solo una obligación técnica, sino una responsabilidad social.